18/10/15

España: Errores del jurado popular

Por La Voz de Galicia

La Voz de Galicia
España

Extractos:

¿Está capacitado un ciudadano de a pie para juzgar un caso complejo y muy mediatizado de asesinato de unos padres a una hija como el que se juzga estos días en Santiago? El juicio de Asunta ha reabierto el debate sobre la idoneidad del jurado popular, cuestionado desde que se instauró en España en 1995, sobre todo cuando la transcendencia mediática de los casos dificulta encontrar a candidatos neutros, personas que no tengan ya una opinión conformada sobre el caso.

Algunos errores como el de Dolores Vázquez, condenada por un jurado popular por el asesinato de Rocío Waninkhof, y posteriormente absuelta por el Supremo, o la repetición del juicio a José "O Chucán" Carnero, absuelto por un jurado y condenado por otro tras haber confesado el crimen en una entrevista en "La Voz", han puesto en entredicho la profesionalidad de una fórmula judicial que pretende acercar la administración de justicia a los ciudadanos.

Estos son los principales errores de los jurados en los últimos años:

Caso Waninkhof

Dolores Vázquez, 17 meses en la cárcel por un crimen que no cometió. La resolución del caso de Rocío Waninkhof partió de un error. Una tulipa de un coche hallada en el escenario de la muerte de Sonia Carabantes fue enviada por error para su análisis biológico cuando se pretendía que fuese un análisis químico. Este error permitió subsanar otro error, la condena por asesinato que un jurado popular había atribuido años antes a Dolores Vázquez, natural de Betanzos. Los rastros de sangre encontrados permitieron relacionar a Tony King con ambos crímenes.

Dolores Vázquez fue detenida por el asesinato de Rocío Waninkhof, cuyo cadáver fue hallado en noviembre del 1999 en una urbanización marbellí. El veredicto de culpabilidad del jurado que examinó las pruebas determinó, en septiembre del 2001, la condena a 15 años de prisión. Cumplió 17 meses en la cárcel. Fue excarcelada porque la inconsistencia de las pruebas llevó al Tribunal Superior de Andalucía, primero, y al Supremo, luego, a revisar la condena y decretar un nuevo juicio, que iba a celebrarse meses después con un jurado distinto. No se celebró porque el británico Tony Alexander King acabó siendo el único acusado en el asesinato de la joven malagueña.

Dolores Vázquez espera aún una indemnización por los 17 meses que pasó en la cárcel. El tribunal Supremo denegó hace unos meses los 4 millones de euros que reclamaba la defensa porque considera que «la legislación elegida como base para pedir la compensación fue errónea».

El asesinato de Sober

José Carnero, primero absuelto por un jurado, y luego condenado por otro. José Carnero, conocido como O Chucán, es otro de los acusados que ha hecho tambalear la capacidad de los jurados populares. Llevaba tres años en prisión preventiva por el asesinato de una trabajadora de un club de alterne cuando fue juzgado por un jurado popular. Era enero de 2011. Los integrantes del jurado lo declararon inocente porque las acusaciones no fueron capaces de presentar pruebas contundentes en las dos sesiones que tuvieron lugar en la Audiencia Provincial de Lugo. Al jurado no le bastó una camisa de O Chucán con restos de su ADN y sangre de ella. Tampoco el hacha y la maza que también tenían sangre de ella en los mangos.

Unos días después de salir de prisión, José Carnero se autoinculpó del crimen en una entrevista realizada por "La Voz":

-«¿Qué le parece que pasó aquí, entonces?», preguntó el periodista de "La Voz".

-«Que yo la maté. La llevé a casa... y después la maté», contestó José Carnero.

El juicio se anuló y Carnero fue juzgado en noviembre del 2012 por segunda vez por la muerte de Pilar Palacios. O Chucán volvió a negarlo todo pero en esta ocasión el jurado popular lo consideró culpable y la sentencia del tribunal lo condenó a diez años de prisión.

El crimen de los gais

Dos jurados, dos sentencias. Jacobo Piñeiro alias Kiyo, fue condenado a 58 años de cárcel por el doble asesinato de los jóvenes homosexuales Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano, ocurrido en Vigo el 13 de julio del 2006. Les asestó 57 puñaladas e incendió el piso. Un año antes había sido absuelto del doble asesinato por otro jurado popular, al entender que había actuado en legítima defensa y por un miedo insuperable a ser violado. Se le condenó en ese momento a 20 años de cárcel, pero sólo por el incendio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Supremo anularon este veredicto por «ilógico» y ordenaron repetir el juicio. El 24 de septiembre del 2010 un segundo jurado popular lo declaró culpable de doble asesinato y del incendio posterior del piso.


Errores y aciertos del jurado popular
Por Antía Urgorri

La Voz de Galicia
18 de octubre de 2015

7/10/15

España: A Dolores Vázquez la condenaron... y se equivocaron

Por Las Provincias

Publicación Las Provincias.es
España

Extractos:

Encontrar a nueve ciudadanos 'aptos' para juzgar a los padres de Asunta obligó a retrasar la vista tres meses. Cobran 67 euros al día y les preguntan cosas tan desconcertantes como si fuman o qué películas ven. A Dolores Vázquez la condenaron... y se equivocaron.

«Nos llevaban en taxi al hotel y en una semana no vi a la familia. No era un caso fácil, no le pillaron con las manos en la masa, había más versiones. Yo voté 'culpable' convencido», relata Rubén, que fue jurado en un asesinato.

"Estoy condenada". Se lo dijo Dolores Vázquez a su abogado entre dientes cuando cruzó sus ojos con los del jurado, nueve ciudadanos sentados a siete metros. Y a él también le pareció que "no había esperanza". "Me encontré con bustos de granito. No tomaron una sola nota durante el juicio, no reaccionaban, como si les diera igual lo que les dijera. La campaña mediática la había presentado como un adefesio, una asesina sanguinaria, y los miembros del tribunal ya tenían la decisión tomada". No todos. Dos la declararon ‘no culpable’, pero los otros siete creyeron que había asesinado a Rocío Wanninkhof, la joven de 19 años que apareció muerta el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga). Se necesitan siete votos para declarar la culpabilidad y solo cinco para la absolución. A Dolores la condenaron a 15 años y un día de prisión y a pagar una indemnización de 18 millones de pesetas sin haber cometido ningún delito. Pasó 519 días en prisión.

Este error puso en cuestión la figura del jurado popular, presente en la legislación desde 1995 —aunque se ha utilizado de forma intermitente desde 1820— y utilizada en los casos de asesinato, homicidio, cohecho, malversación de caudales públicos, allanamiento de morada, amenazas... En estos veinte años, los españoles han enjuiciado 10.500 causas: el 89,2% han sido sentencias condenatorias, algunas tan mediáticas como la de José Bretón, que cumple 40 años de cárcel por matar a sus dos hijos, y se han recurrido el 22%. También han dejado sin tacha a otros, como al ex-presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, absuelto con cinco votos a favor y cuatro en contra de un presunto cohecho. Próximamente, ciudadanos de a pie juzgarán a Sergio Morate, acusado del doble crimen de Cuenca.

La creencia generalizada es que lo hizo él. Y lo mismo sucede con Rosario Porto y Alfonso Basterra, sentados en el banquillo por el asesinato de su hija Asunta, la niña de origen chino que adoptaron y que apareció asfixiada hace dos años en una pista forestal de Teo (Galicia). La causa iba a celebrarse en junio, pero no se pudo formar el jurado porque la mayoría se excusó: están exentos los mayores de 65, los residentes en el extranjero, los militares, quienes tengan relación con las partes o importantes cargas familiares... Este martes, después de los cuatro descartes que hicieron los abogados defensores (tres) y la fiscalía (uno), encontraron por fin a once personas (dos suplentes) con el perfil adecuado: mayores de edad, saben leer escribir y, teóricamente, ni arrastran prejuicios ni están contaminados.

De esto se aseguran las partes con un cuestionario previo. Les interrogan sobre cosas de lo más desconcertantes, desde si fuman o se echan la siesta (se lo preguntaron a los que fallaron a favor de Camps, presuponiendo que quienes pegan una cabezada tienen "cierto estatus y podrían ser favorables al procesado") hasta qué libros leen. Juan Carlos Navarro, abogado de Francisco Correa, imputado en la Gürtell, ha asistido a ochenta juicios con ‘civiles’, solo dos como acusación. "Yo les planteo siempre si aceptarían la pena de muerte o la cadena perpetua. Si dicen que sí les aparto: tienen un claro perfil condenatorio y no me conviene. Si mi cliente está acusado de allanamiento de morada, por ejemplo, les tanteo para ver si están de acuerdo con que la ley permita disparar contra los intrusos, como sucede en Italia. Y cuando necesito gente observadora en el jurado les digo lo siguiente: ‘Sale usted a la calle y ve el suelo mojado. ¿Piensa que ha llovido o que alguien ha podido tirar un cubo?’. Los que alegan lo del cubo suelen ser más observadores que los que se conforman con lo que a simple vista parece más lógico. También hablamos de las películas de juicios, de si se identifican más con el abogado defensor o con el fiscal, de cuál era su personaje favorito de la serie de televisión ‘Policías’...".

A cuestiones similares han respondido los ciudadanos que juzgan a los padres de Asunta. Cobran 67 euros diarios por esta labor, más dietas (18,70 euros por cada comida principal), desplazamientos en vehículo privado (0,19 por kilómetros de coche y 0,078 de moto) y transporte público (taxis no), lo que engorda el coste. Un juicio con magistrado sale por unos 1.300 euros, pero el de Camps se disparó hasta los 30.000 (duró 29 días). Más caro habría sido si llegan a permanecer aislados durante el proceso. Normalmente no es así y sólo se incomunica al tribunal cuando tiene que emitir el veredicto, tarde horas o días (se les paga el hotel). Durante ese tiempo, no pueden usar el móvil, leer periódicos ni ver la televisión. Una burbuja sin fisuras, porque hasta les acompañan al baño. "Les llevan al hotel custodiados, como si fueran reos en una película americana", cuenta Pedro Apalategui, letrado de Dolores Vázquez. En su caso, el Supremo ordenó repetir el juicio, pero no se celebró porque antes encontraron al culpable: el británico Tony King. Apalategui había pedido recluir al jurado, aunque se lo denegaron. "Tengo la absoluta convicción de que un magistrado la hubiera absuelto por falta de pruebas. Pero esas personas iban a casa y veían en la tele a la madre de Rocío...". A Dolores también la veían a diario en la sala, con las esposas puestas. "Cuando nos enfrentamos a una persona esposada automáticamente pensamos: ‘¡Qué habrá hecho!’. La opción de que no haya hecho nada de repente ya no existe", alerta Ángeles Esteban, doctora en Psicología y Criminología. Y a propósito del caso de Asunta, hace una advertencia. "Cuando ocurre algo malo tendemos a buscar un por qué, un culpable, más si la víctima es un niño. En la justicia hay un dicho, ‘antes un culpable en la calle que un inocente en la cárcel’, pero en la sociedad la tendencia es más bien la contraria, aunque nos sigue costando mandar a alguien a prisión".

Con estos precedentes, ¿hay garantías de un juicio justo para los padres de Asunta? La respuesta va por barrios. "Es imposible que esas personas no hayan comentado el asesinato en el café o hayan leído el periódico. El jurado popular es una solemne tontería, un disparate. En otros siglos, cuando no había jueces imparciales o la justicia la impartía el rey, era necesario, pero hoy está obsoleto", critica Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente.

En la mayoría de los procesos bastan 10 ó 15 preguntas, pero en el caso del etarra Mikel Otegi, acusado de matar a dos ertzainas con una escopeta en 1997, el jurado tuvo que responder a 98 cuestiones. Finalmente, le absolvieron, lo que echó por tierra su credibilidad. El Gobierno vasco hizo una encuesta posterior: el 82% de los encuestados calificó de injusta la sentencia y el 60% pensaba que el jurado tuvo miedo a represalias. Otegi aprovechó para huir e integrarse en un comando de ETA, pero en 2003 fue detenido, el proceso se repitió y fue condenado a 34 años. "El contexto socio político era el que era", concede un abogado, que prefiere mantener el anonimato.

En un juicio con tribunal no solo está sometido a examen el que se sienta en el banquillo. "Ser jurado popular provoca mucho estrés e implica una carga emocional fuerte. A veces son homicidios y las penas son muy altas. No todas las personas están preparadas. A alguien con depresión o desajuste emocional le va a provocar desasosiego y aumentar su desequilibrio", alerta la doctora Esteban.

Porque toda la responsabilidad es de ellos. No como en Europa, donde se ha adoptado el sistema escabinado, compuesto por ciudadanos y jueces y en el que los magistrados llevan el peso de la deliberación. España copió el modelo anglosajón, aunque lo modificó añadiendo las preguntas que el juez dirige al tribunal para ayudarles a determinar el veredicto, que deberá estar motivado. "Cada persona, por orden alfabético, lee en voz alta su decisión. Nadie se puede abstener porque acarrea multa y si persiste se le pueden exigir responsabilidades penales", explica el catedrático Antonio María Lorca. Determinada la culpabilidad o la no culpabilidad (no se utiliza el término ‘inocente’, sino ‘no culpable’), el juez impone la pena. "Está vinculado a lo que diga el jurado, sí o sí. Y si no piensa igual, se tiene que aguantar su criterio".

A Rosario Porto y a Alfonso Basterra les juzgan cinco mujeres y cuatro hombres, una casi paridad que a simple vista no dice nada a favor ni en contra. Pero un análisis de las edades, profesiones, experiencias previas... da algunas pistas. "Una vez defendí a un ruso acusado de matar a una pareja. Pedían 47 ó 48 años de cárcel. Era un chaval con buena presencia, daba pena... Había mujeres mayores en el jurado y me vino bien porque le veían desde el punto de vista de una madre. Una treintañera le habría visto de otra forma", reconoce Juan Carlos Navarro, que pone el acento también en el buen hacer del abogado. "Yo quería desmontar el testimonio de un testigo que juraba que había visto que mi cliente llevaba un arma. Compré una pistola de juguete y me la guardé donde se supone que la llevaba él. El testigo no la vio y cuando la saqué quedó impactado. Otra cosa que hago mucho cuando alguien da detalles excesivos y sé que miente es pedirle al jurado que se tape el reloj con la mano: ‘¿Su reloj es de números romanos o de números naturales?’, pregunto. La mayoría no lo sabe y con eso demuestro que es raro que una persona en una situación cotidiana pueda retener tantísimos detalles. Esos experimentos se pueden hacer con un tribunal popular, pero un magistrado igual te dice: ‘¿Dónde vas, chalado?’".

Eso es precisamente lo que reprochan algunos jueces, el "numerito". "Los abogados tienden a sobreactuar para impresionar al jurado, como si fuera una película americana a la española". Lo hacen los defensores y los fiscales. "Sistemáticamente recuerdan que ellos son funcionarios y que nosotros cobramos por defender a los acusados. Nos presentan como mercenarios", se queja el letrado de Dolores Vázquez, con quien le une aún una relación de amistad (ella vive en Reino Unido).

Compartieron bancada en la sala y los dos sufrieron una brutal presión mediática. "Psicológicamente ella acabó muy mal. Y yo he desarrollado aversión a que me fotografíen". Los abogados de Rosario Porto y Alfonso Basterra también están en los papeles... todos los días. Durante todo el mes.


Da miedo mandar a alguien a la cárcel
Por Yolanda Veiga

Las Provincias
7 de octubre de 2015